Estos días cerramos un proceso de consulta pública que debería desembocar en un anteproyecto de ley de startups. El camino hasta una hipotética entrada en vigor todavía sería largo. En estos momentos se trabaja en perfilar cómo debería ser la norma.
Una ley de startups es un desafío complejo porque trata de regular un ecosistema en rápida evolución, en el que pretende introducir una perturbación positiva. El tiempo dirá si se consiguen resultados, pero hoy podemos ir conociendo algunas orientaciones de cómo podría desarrollarse todo este importante proceso de cambio normativo.
¿Por qué se pretende aprobar una ley de startups?
Se busca no perder la oportunidad de un momento como el actual, con un fuerte ritmo de creación de startups en todo el mundo. En ese contexto, hay que tener en cuenta que diversos países han aprobado normativas de apoyo a las startups. Hay una competencia por atraer inversiones, talento y por generar el ecosistema apropiado para ser líderes en la creación de empresas emergentes.
También es muy importante moldear el marco que dé impulso, no solamente a las startups, sino al entorno en el que se apoyan. Estamos hablando de eventos y también de diversos tipos de organizaciones como las asociaciones de startups, las incubadoras, las aceleradoras, las entidades de capital riesgo, los business angels, las plataformas de crowdfunding, etc.
Acertar en la regulación de todo este ecosistema startup es tan importante como complejo. Es difícil porque no solamente evoluciona progresivamente, sino que las startups que forman parte esencial de él también son, por su propia naturaleza,empresas en continuo cambio.
Por ejemplo, sería deseable fortalecer una red de apoyo que permita aportar a cada startup lo que necesita en cada momento. Algunas necesitan aclarar ideas, definir proyectos y modelos de negocio, así como encontrar herramientas útiles para desarrollarlos. Otras deben enfrentarse al fracaso o al éxito, a cambios en el entorno, a oportunidades inesperadas, etc.
Es decir, dentro de la singularidad del propio ecosistema startup, que puede reclamar una regulación específica, existe un conjunto de situaciones muy diversas dentro de cada uno de los intervinientes.
¿Cómo podría definir la nueva ley las startups?
El punto de arranque debe ser la delimitación de lo que se entenderá legalmente por startup. El documento de consulta pública para elaborar un anteproyecto recoge una definición que casa con la idea que tenemos en la cabeza: “empresas de reciente creación, normalmente fundadas por emprendedores, de base tecnológica, innovadoras y con una elevada capacidad de rápido crecimiento.”
La cuestión será determinar aspectos como:
- Cuál sea la antigüedad máxima.
- Qué características deben tener los emprendedores fundadores de las startups.
- Cómo se medirá el componente tecnológico de las empresas.
- Dónde situar la línea que permite calificar a una empresa como innovadora.
- Cómo estimar la capacidad de crecimiento de las empresas.
Una vez delimitado el concepto, hay que tener claro cómo se puede documentar y controlar que se cumplen los requisitos para que una empresa sea considerada como startup.
El objetivo de la normativa debe orientarse a ser lo más precisos. Se trata de que ninguna startup quede fuera de la regulación establecida para este tipo de empresas, pero que estas normas no se apliquen a un colectivo de empresas más amplio, que tengan características diferentes que puedan hacer peligrar la efectividad de las medidas.
La regulación de la financiación de las startups
Una figura importante en el desarrollo de las startups son los business angels. Hasta el momento, la regulación más importante en esta materia ha sido la fiscal. En el IRPF, se han establecido deducciones por inversión en empresas de nueva creación y la exención de las ganancias a condición de que se reinviertan los beneficios en el mismo tipo de empresas.
Sin embargo, se considera que hay que perfilar qué debe entenderse por business angel y cuál debe ser el régimen jurídico que se les aplicaría. El objetivo es crear un marco que no solamente permita que lleguen más fondos, sino que se dirijan mejor.
Hay que tener en cuenta que estos inversores pueden aportar conocimientos empresariales o profesionales al proyecto y que, incluso no siendo el caso, su opinión como inversor puede condicionar las decisiones. Por lo tanto, se trata de generar un contexto en el que estas influencias sean lo más positivas que sea posible.
Algo más extensa es la regulación del crowdfunding. En estos momentos, se encuentra en el título V de la Ley de fomento de la financiación empresarial. Sin embargo, algunas voces señalan que ha podido quedarse desfasada.
Las trabas administrativas al crecimiento de las startups
El ecosistema startup tiene unas características especiales. Frecuentemente, hablamos de empresas disruptivas que generan nuevas formas de proceder. Los esquemas jurídicos que tenemos en la cabeza para desarrollar una actividad no siempre casan de forma sencilla.
La solución no pocas veces pasa por readaptar el producto para hacerlo homologable a un esquema jurídico preexistente. Ello implica costes, incertidumbres y dificultades de adaptación. Crecer cuesta más, puede llegar a parecer una carrera de obstáculos en la que la incertidumbre jurídica se vuelve un compañero inseparable.
Más allá, se encuentran con otro problema. Suelen prestar servicios especializadosque demandan una cierto público potencial para poder rentabilizar las inversiones en tecnología, en adquisición de conocimientos, en investigación, etc. Es relativamente frecuente, por ello, que su mercado sea el conjunto de un país entero o, incluso, varios en todo el mundo.
Por ello, resulta muy importante para el ecosistema startup que se favorezca la unidad de mercado. De lo contrario, se enfrentan a múltiples retos de adaptación normativa, no siempre coherentes y que son grandes consumidores de recursos.
Los incentivos a las startups
Uno de los objetivos de la ley pasaría por la confección de un sistema de incentivos a la creación y actividad de las startups entre los que el documento de la consulta pública señala, por ejemplo:
- Incentivos fiscales a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como en relación con las inversiones y financiación de startups.
- Incentivos en materia laboral, de Seguridad Social, y apoyo a la captación y fidelización del talento.
- Medidas de discriminación positiva para favorecer la diversidad de género en el emprendimiento e incentivarlo entre colectivos vulnerables.
- Incentivos a las grandes empresas para integrar la actividad de startup en su cadena de producción de bienes y servicios.
- Mejora de los mecanismos de segunda oportunidad.
- Simplificación de cargas administrativas.
- Medidas de impulso al uso de instrumentos de compra pública que promuevan la participación de startup en los proyectos de la Administración.
- Cualquier otra medida encaminada a identificar y afrontar elementos relacionados con el talento, el emprendimiento y la cultura empresarial que sea necesario activar.
La creación de un marco jurídico apropiado para las startups será un proceso complejo. El éxito en las reformas normativas sería un paso muy importante para la competitividad y proyección de las empresas españolas.
Fuente: https://www.sage.com/es-es/blog/en-el-horizonte-una-futura-ley-de-startups/
